‘Jackson, 18’ era el nombre de un perfil en una red social que se usaba para contactar a menores de edad con fines sexuales a través de internet. Detrás había un individuo que fue sentenciado a 29 años de prisión por violación de un menor.

La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Yoli Pinillo, de la Unidad de Violencia de Género en Guayaquil. El hombre contactó a un adolescente de 13 años haciéndose pasar por uno de 18. Le dijo al menor que una amiga quería conocerlo por lo que le pidió fotos. El joven accedió y envió imágenes suyas en ropa interior, cuenta la fiscal.

El contacto se dio luego de que el acusado le insistía que lo acepte en una red social. Después, con engaños, consiguió que la víctima le dé el número del celular. Pero el joven empezó a sospechar porque ‘Jackson’ era muy insistente para concretar una cita. Lo acosaba a diario y el adolescente le contó a sus padres y se denunció el hecho en la Fiscalía.

“Vivían en ciudades distintas, entonces le dijo para encontrarse en la terminal y allí se logra detenerlo en delito flagrante. Se lo iba llevando al chico. Esta persona se vendía como alguien de 18 años y en realidad tenía 37”, dice Pinillo.

Al detenido se le decomisó un celular en el que la Policía halló videos de contenido sexual con otros niños. En el juicio se estableció que las imágenes eran reales y se localizó a una de las víctimas: un menor de once años. En ese caso sí se dio la violación. “El afectado vivía a escasas tres cuadras del sentenciado. Lo vio pero no se conocían por lo que hizo el contacto por internet. Consiguió que le envíe las fotos y luego empezó a extorsionar que si no llegaba a un lugar determinado iba a publicarlas, por lo que el menor fue y procede a violarlo con amenazas”, dice Pinillo.

El uso de una identidad falsa para delinquir también se da en internet. Incluso se han dado casos de que se hackea el perfil de un familiar del menor para que este piense que está chateando con alguien conocido. O a las adolescentes les dicen que tienen un buen rostro para el modelaje, por lo que también las persuaden a que envíen las fotos, relata Pinillo.

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La Fiscalía registra entre agosto del 2014 y mayo de este año un total de 418 casos por el delito de contacto con finalidad sexual con menores de edad por medios electrónicos, tipificado en el art. 173 del Código Orgánico Integral Penal.

El último inciso de la norma señala que “la persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con” un menor de edad será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Estudios referidos en un documental de la televisión estatal alemana titulado ‘Pederastia en internet, la lucha contra la pornografía infantil’ indican que al menos el 1% de la población masculina tiene inclinaciones pederastas.

Un error que cometen los padres es que borran los mensajes que reciben de quien comete el delito. “Cuando ponen la denuncia pedimos la dirección IP para establecer el origen de esas comunicaciones. En algunos casos pedimos a través de asistencia penal internacional. Empresas como Facebook tienen convenios con el Gobierno del Ecuador, así ellos nos remiten información que antes era más complicado obtener”, asegura Pinillo.

Transferencias monetarias se realizan violando seguridades en la web

El delito de transferencia electrónica de un activo patrimonial implica la alteración, manipulación o modificación del funcionamiento de un programa o sistema informático para la apropiación no consentida del activo patrimonial de otra persona, según el art. 231 del Código Orgánico Integral Penal.

En estos casos, sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años, los responsables burlan las seguridades de internet al hacerse pasar por los que son los verdaderos dueños del activo patrimonial que se pretende sustraer.

El número de denuncias al respecto pasó de 39 a 53 del 2016 al 2017. Y durante lo que va del 2018 ya se registran 14, según datos de la Fiscalía. El acceso no consentido a un sistema informático también pasó de 131 a 205 entre el 2016 y el 2017. Y en 2018 van 92.

Víctor González, fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, afirma que “toda persona que sea víctima de robo en el cual estén inmersos sus documentos personales tiene que presentar la denuncia como respaldo en caso que se den problemas delincuenciales”. (I)

Fuente: El Universo