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El legislador opositor Fernando Aguirre (Sociedad Patriótica) solicitó al fiscal general, Galo Chiriboga, que llame a declarar al presidente Rafael Correa para que revele los nombres de los autores, cómplices y encubridores del supuesto Plan Revancha en el interior de las Fuerzas Armadas para desestabilizar al Gobierno.

Aguirre, quien es capitán del Ejército en servicio pasivo, llegó ayer a la Fiscalía acompañado de suboficiales retirados para solicitar que también se convoque al ministro de Defensa, Javier Ponce, y al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Ernesto González. 

Correa aseguró a inicios de este mes que Inteligencia había detectado el denominado Plan Revancha para generar malestar en los uniformados, como ocurrió antes de la sublevación del 30 de septiembre del 2010 (30-S). 

Según el mandatario, políticos de oposición junto a militares en servicio pasivo “traidores que sirvieron a la CIA” (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y “alguno que otro oficial activo” buscan agitar los cuarteles para poner a la fuerza pública en contra del régimen.

La semana pasada el jefe del Comando Conjunto aseguró desconocer la existencia del plan y que toda la información se canaliza a través de la Secretaría de Inteligencia. 

El suboficial retirado Luis Nacevilla negó algún tipo de vinculación política con el bloque de Sociedad Patriótica. Aclaró que un grupo de militares acudió a Aguirre ante las constantes negativas del Gobierno a solucionar un pago retroactivo del 2008 y 2009 de la equiparación salarial en los grados de capitán, mayor, suboficial primero y suboficial mayor. 

“Queremos que se reconozca nuestros derechos y que se haga justicia. Nosotros no entendemos nada de esa situación de desestabilizar al Gobierno”. 

Nacevilla señaló que 4.777 uniformados, entre oficiales y voluntarios, activos y pasivos, que corresponden a las cuatro jerarquías, son los perjudicados por un error de cálculo en la aplicación de la equiparación salarial de los militares con el resto de servidores públicos.

El Gobierno en el 2010 admitió el inconveniente. El 4 de octubre de ese año, cuatro días después de la revuelta policial, el ministro de Defensa, Javier Ponce, y el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, anunciaron la suscripción de un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Laborales para “corregir” el error. 

El mismo día las autoridades aclararon que el incremento salarial para los cuatro grados será retroactivo desde enero del 2010.

Los uniformados exigen el retroactivo desde el 2008, cuando empezó el proceso de equiparación, y que según cálculos del Gobierno, representaría un egreso al fisco de $ 70 millones en los cuatro grados, tanto en Fuerzas Armadas y Policía. 

La semana pasada Galo Chiriboga aseguró que la Fiscalía ya inició una investigación “para saber qué movimientos que atenten a la democracia podrían estar ocurriendo”.