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El proceso de evaluación a los judiciales del país comenzó el 26 de noviembre del 2011 con la rendición de pruebas psicotécnicas, que mide diez competencias de trabajo. Dos días antes el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) firmó un contrato con Direxcor Compañía Limitada para que las tome.

El monto acordado, según el resumen ejecutivo de los contratos de emergencia del CJT, fue de $ 325 mil. El día de la prueba, judiciales recuerdan que los evaluadores no quisieron identificarse. “Dijeron que tenían prohibido decir sus nombres”, mencionó un juez de lo Penal en la Corte de Justicia del Guayas.

“Por educación yo saludé, les di mi nombre, pero ellos (los evaluadores) no hicieron lo mismo”, comenta otro judicial. El nombre de Direxcor fue conocido entre los servidores recién cuando recibieron las notificaciones de sus notas.

Los resultados de la evaluación psicométrica aparecieron en un documento membretado con el nombre de otra compañía: A&E Asesoría en Negocios y Responsabilidad Corporativa. Esta firma no consta entre los contratos de la Judicatura.

Dicho documento remitido a los judiciales hace dos semanas dice en la parte inferior que el cuestionario aplicado fue el Test por Competencia (TPC) y aparece como autor el sitio web www.evaluar.com, marca registrada de la compañía Realweb S.A., domiciliada en Quito. Esta tampoco tiene contrato con el CJT.

“El TPC es una herramienta de Recursos Humanos diseñada para evaluar los comportamientos laborales definitorios del éxito en el trabajo”, reseña esa web, que tiene una opción de registro y para contratar directamente la evaluación del talento humano por internet. No dice el costo, pero se anuncia que un agente de esa empresa puede visitar al contratante para definir el trabajo a realizar y el monto a pagar.

“Por lo que se ve en la notificación, esta empresa (Direxcor) subcontrató a otra para que haga la evaluación por internet”, dice un dirigente judicial, que prefiere la reserva para no afectar a los compañeros que reprobaron y están a la espera de una reconsideración por parte del CJT.

Judiciales de Azuay y Guayas han intentado comunicarse con la empresa que los evaluó, pero dicen que no atienden el teléfono. Este Diario llamó al número que aparece registrado en la Superintendencia de Compañías, pero nadie contestó. 

Datos del organismo de control indican que Direxcor fue constituida en el 2009 con un capital suscrito de $ 1.000 con un valor por acción de $ 1. Está gerenciada por Beccy Torres Espinel, quien a la vez aparece como gerenta de A&E Asesoría en Negocios y Responsabilidad Corporativa, la del membrete en las notificaciones de la prueba psicotécnica, que se calificó sobre 10, y que era parte de otras variables de la evaluación general.

Direxcor tiene como dirección la etapa 11 de la Alborada, la manzana, el sector y el solar dan a un conjunto residencial donde solo hay viviendas. Apenas un pequeño letrero identifica a la compañía en el portal de una de esas casas. Nadie atiende en el sitio.

Según psicólogos que observaron de cerca el proyecto de evaluación, el TPC debió ser comparado con la prueba psicológica que se tomó mediante el test de Minnesota 2 el mismo día que la psicotécnica y con la entrevista que se hizo luego a los judiciales.

Las psicológicas fueron evaluadas por profesionales “contratados de las facultades de Psicología como de los colegios de psicólogos”, dijo el vocal del CJT, Fernando Yávar, quien la semana pasada anunció que 170 repetirán esa prueba porque fueron “inválidas”. Esto a pesar de que el reglamento dice que la prueba es inapelable. Esos contratos no han sido revelados por el CJT.

Para que este y –en general– todos los contratos suscritos por el Consejo sean públicos, los colegios de Abogados del Guayas y de Loja presentaron ayer un petitorio legal al Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), para que se entregue esa documentación completa. Sospechan de actos irregulares y reñidos con la ley, por no transparentar los contratos, al no subir al portal de compras públicas todas las actividades con fondos públicos para contratar con terceros.

Otras fases
Conocimiento
Profesores de escuelas de Derecho de universidades elaboraron un banco de dos mil preguntas para evaluar los conocimientos de los servidores sobre 40 puntos. De esa base se escogieron cincuenta para cada funcionario. La contratación de los profesionales la realizó el Consejo de la Judicatura de forma particular y no se conoce el costo, a diferencia del parámetro sobre productividad que estuvo a cargo de la Católica de Guayaquil, el Centro de Transferencia de Tecnología de la Espol y la Universidad de Cuenca.

Expediente
El Consejo de la Judicatura se encargó directamente, a través de sus direcciones provinciales, de estimar dos variables de la evaluación: el expediente y la capacitación. En la primera se consideró la carpeta personal de cada servidor de la Función Judicial, donde se observaron el número y el tipo de sanciones aplicadas en el periodo de los últimos cinco años. Por cada sanción administrativa se restaban 5 puntos, con un máximo de dos sanciones y el tope de 10 puntos.

Capacitación
Esta variable de 10 puntos también estuvo a cargo de la Judicatura. En ella se tomó en cuenta la formación académica adicional recibida por los judiciales, se puntuaron diplomados, especializaciones, maestrías, o títulos de Phd y postgrados realizados en el exterior validados en el país; además de la capacitación específica que haya recibido la persona evaluada a través de cursos, talleres, seminarios, relacionados al cargo, respaldados con copia certificada o notariada que consten en la carpeta de expediente.