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Embajada de Panamá acoge a Carlos Pérez Barriga como asilado

pr01a170212-photo01 456_336“Me extraña, tendría que conversar con (el presidente panameño) Ricardo (Martinelli), pero es su decisión, Panamá es un país soberano. Nos extraña, pero respetamos la decisión porque estos señores no son perseguidos políticos, sino reos de la justicia común”, declaró ayer el presidente Rafael Correa a corresponsales extranjeros, luego de enterarse de la concesión de asilo del gobierno panameño a Carlos Pérez, director de EL UNIVERSO.

En otro escenario, en un encuentro empresarial, el canciller Ricardo Patiño también dijo sentirse extrañado y lamentó la decisión del gobierno panameño.

“Son decisiones que los gobiernos toman soberanamente (...) como país tenemos que respetar, no nos queda otra que respetar las decisiones soberanas de los países en relación a la figura del asilo político”, adujo y agregó que no ha escuchado que Pérez haya dicho que es un perseguido político. “Entonces a todos los delincuentes que en este país sean sentenciados que vayan a pedir asilo político a Panamá”, ironizó.

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que “nosotros hemos venido a pelear y esto es parte de una pelea fundamental, un trabajo de esclarecimiento del rol que cumple la prensa en nuestro país, de la necesidad de desenmascarar a las mentiras permanentes”.

Y anticipó que pedirá información al gobierno panameño para saber en qué se fundamentaron para otorgar el asilo. “Tal vez hacerles un comentario a ellos”.

Pero ese gobierno a través de un comunicado de su Cancillería informó que Panamá “luego de considerarlos argumentos presentados en su escrito por el señor Pérez Barriga, acogió favorablemente su solicitud de ampararse al régimen de asilo diplomático”.

Según el comunicado, Panamá opina a base de las informaciones disponibles que existe un “razonable temor por su seguridad personal” (del director de EL UNIVERSO).

Además, que el asilo al periodista se otorgó en línea con la tradición panameña “de reconocer asilo a personas que, en circunstancias muy especiales, puedan tener el temor fundado por su seguridad personal o de ser perseguidos por delitos o motivaciones políticas”.

El asilo interviene menos de 24 horas después de que la Corte Suprema ecuatoriana ratificó las condenas a cárcel y multa para los tres directivos del rotativo por el delito de injurias al presidente Rafael Correa.

A través de la red social Twitter, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, escribió: “Acabo de darle asilo a periodista del diario El Universo Carlos Pérez Barriga multado con 3 años de cárcel y 40 millones de multa en Ecuador”.

Pérez y dos subdirectores del Diario fueron condenados en un juicio penal por injurias instaurado por Correa en marzo del 2011, a raíz de una columna del exeditor de Opinión, Emilio Palacio, en la que se lo acusa –según el mandatario– de “asesino de lesa humanidad”.

El abogado de EL UNIVERSO, Pedro Valverde, confirmó al mediodía de ayer la presencia del director de Diario EL UNIVERSO en la Embajada de Panamá y la concesión del asilo.

En una corta declaración, Valverde aseguró que Pérez está en excelentes condiciones y de muy buen ánimo para seguir con su lucha a favor de la libertad de expresión. 

Valverde añadió que una vez que el gobierno panameño concedió el asilo, ahora solo resta la entrega del salvoconducto de parte de la Cancillería ecuatoriana para que Pérez salga del país.

 

Lo que se sabe
UNP condenó fallo
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) condenó la sentencia dictada contra los directivos de Diario EL UNIVERSO, porque constituye un grave precedente para el periodismo ecuatoriano, para el ejercicio pleno del derecho humano a la libertad de expresión y de opinión.

En un comunicado, la UNP expresó que la ratificación del fallo en este caso es un revés para el libre trabajo de los periodistas con la figura de la “autoría coadyuvante”, que se planteó en la querella del presidente Rafael Correa, se impondrá la autocensura de los comunicadores y la censura previa en los medios.

Petición de indulto
El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Eduardo Peña, pidió al mandatario Rafael Correa que demuestre que su verdadero interés es el país y no la confrontación a través del indulto a los directivos del medio.

“Creemos que indultar no significa olvidar”, refirió Peña.

Investigación a juez
El juez Juan Paredes dijo que una vez que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificara el fallo que dictó en el caso EL UNIVERSO, la indagación previa que la Fiscalía del Guayas sigue en su contra debería terminar. “Si el fallo ha sido ratificado por mis superiores, ¿de qué delito estamos hablando?, cuestionó.

Paredes rechazó el documento que el martes pasado presentó Joffre Campaña, procurador judicial del Diario, que contiene una declaración de la exjueza del caso Mónica Encalada, el que revela que la sentencia contra EL UNIVERSO ya estaba hecha antes de que Paredes reasumiera como juez.

Ratifican aumento del 5% en sueldos para Policía Nacional

pr05a170212-photo01 456_336El ministro del Interior, José Serrano, anunció ayer, a través de una videoconferencia en el Comando Policial en Quito, el incremento del 5% en las remuneraciones de los 40.000 policías que trabajan a nivel nacional. 

“El presidente de la República, Rafael Correa, cumpliendo con sus compromisos con las diferentes instancias del Estado, pidió al ministro de Relaciones Laborales que emita la resolución del alza de sueldos para la Policía Nacional”, manifestó el ministro Serrano, según fuentes oficiales.

Serrano señaló que estas remuneraciones se percibirán con carácter retroactivo desde el mes de enero de este año.

Según un comunicado oficial del Ministerio del Interior, este es el segundo año consecutivo en que se incrementan los sueldos a los uniformados policiales, una vez que en el año 2010 concluyó la homologación y unificación salarial para las y los policías.

Sobre el tema, técnicos del Ministerio de Finanzas explicaron que el aumento es parte del incremento que ya estaba previsto en la proforma presupuestaria del 2012 (aprobada en noviembre pasado) para todo el sector público, incluidos policías y militares. 

Se informó que ese incremento, que se había acordado realizarlo por efectos de la inflación que cerró a un 5,41% en el 2011, no se había pagado en el mes de enero, por lo que se ha previsto calcularlo con retroactividad.

Serrano dio ejemplos de los cambios salariales: un teniente coronel pasa de $ 3.142 a $ 3.404 y la compensación anual en este grado subirá de los $ 3.337 a $ 4.050, dinero que lo puede acumular libre de la cesantía. 

El salario de un general superior, con dos años en el grado, pasó de $ 4.926 a $ 5.560; mientras que un subteniente al momento de graduarse antes percibía un sueldo de $ 1.387 y en la actualidad percibirá $ 1.462.

Dentro de los niveles de clases y policías, los incrementos son los siguientes: el suboficial mayor, con dos años en el grado, percibirá un salario de $ 2.669 mientras que en el 2011 percibía $ 2.532; y el policía al graduarse empezará con un sueldo de $ 933, el año anterior era de de 885 dólares.

En cuanto a un cabo primero que antes recibía $ 1.124 ahora ganará $ 1.212 y tendrá una compensación acumulada al año de $ 3.307, se indicó.

El ministro Serrano también anunció que se está estructurando un bono geográfico para los uniformados que no residan en su lugar de origen. 

“Si en el sitio que se encuentran no hay vivienda fiscal recibirán una bonificación mensual para que cubran los gastos de arriendo”, afirmó.

En cuanto a los nuevos modelos de gestión indicó que la construcción de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) con nuevos servicios y con otro tipo de infraestructura sirve para garantizar la prevención y la participación de la ciudadanía en temas de seguridad.

Según el Ministerio del Interior, la seguridad ciudadana es uno de los pilares que se ha buscado fortalecer no solo en las condiciones de trabajo de la Policía Nacional, con la dotación de armas, de infraestructura, de chalecos antibalas, sino también convirtiéndola en una de las instituciones policiales mejor pagadas de Latinoamérica.

De otro lado, el ministro Serrano recalcó que ahora la empresa Fabrec, que pasó a poder del Ministerio del Interior, se encargará de gestionar las adquisiciones y la administración de las UPC al igual que de la alimentación y el mantenimiento de los vehículos. “Lo que se pretende es que los uniformados cumplan con su rol y no estén preocupados por servicios administrativos”, explicó.

Sobre aumentos salariales para la fuerza pública, a principios de esta semana este Diario informó que el Gobierno tenía listo un proyecto de resolución con la nueva escala de remuneraciones y compensaciones para las Fuerzas Armadas, lo cual se está cumpliendo. 

Apuntes: Plan de seguridad
Código
El Ministerio del Interior busca que la institución tenga una perspectiva de seguridad basada en la ciudadanía de acuerdo al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana entregado a la Asamblea Nacional.

Regulación 
El proyecto busca regular actividades, organización, competencias y régimen disciplinario de la Policía Nacional, entre otros temas.

Siguen acusaciones en contra del exministro Raúl Carrión

pr05c170212-photo01 456_336Ayer fue suspendida la audiencia de formulación de cargos que debía desarrollarse por un presunto peculado en la adquisición de equipos médicos, en el que estaría involucrado el exministro de Deportes del actual Gobierno, Raúl Carrión.

El motivo para la suspensión fue la ausencia del abogado defensor de Rafael Mendoza Martínez, exfuncionario del Ministerio de Deporte y uno de los acusados en este caso.

La insistencia de ese abogado, cuyo nombre no trascendió, generó molestias en el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien estuvo atento a la realización de la audiencia.

La diligencia judicial debía realizarse a las 14:30. El presidente de la Sala de lo Militar, Policial y de Tránsito, Merck Benavides, instaló la audiencia para explicar que había una providencia que cambiaba la fecha y hora de este trámite, por pedido de la parte acusada que alegó que uno de los abogados tuvo que acudir a otra audiencia a la misma hora.

Chiriboga indicó que nunca fue notificado del cambio y pidió una explicación al respecto. La explicación llegó de parte del secretario de la Sala Penal, Honorato Jara, quien reconoció que la providencia fue emitida el miércoles pasado a las 14:10, pero no pudo enviar a los casilleros judiciales porque pasó todo el día en la Corte Nacional de Justicia, en el juicio de casación en el caso de Diario EL UNIVERSO.

Tras la suspensión, el fiscal aseguró que investigará si el abogado de los presuntos implicados efectivamente tuvo que cumplir con otra diligencia. “Ya nos pasó en Cuenca que nos dieron la misma excusa y luego descubrimos que el abogado no estuvo en ninguna diligencia”.

La audiencia fue pactada para el 28 de febrero próximo y ahí el fiscal general anunció que basará su dictamen de formulación de cargos en un informe de la Contraloría General del Estado, en el que se establecerían indicios de responsabilidad penal por presuntas irregularidades en la compra de equipos médicos, en el periodo que Carrión estuvo al frente de la cartera de Deportes.

Ayer, Raúl Carrión no llegó a la audiencia.

El exministro de Deportes, quien en su momento aseguró que era “el dueño del circo”, también deberá comparecer a otras audiencias de formulación de cargos en procesos relacionados con el presunto sobreprecio que se habría establecido en la construcción de escenarios deportivos durante su gestión.

Militares retirados piden que autoridades vayan a Fiscalía

pr01c150212-photo01 456_336El legislador opositor Fernando Aguirre (Sociedad Patriótica) solicitó al fiscal general, Galo Chiriboga, que llame a declarar al presidente Rafael Correa para que revele los nombres de los autores, cómplices y encubridores del supuesto Plan Revancha en el interior de las Fuerzas Armadas para desestabilizar al Gobierno.

Aguirre, quien es capitán del Ejército en servicio pasivo, llegó ayer a la Fiscalía acompañado de suboficiales retirados para solicitar que también se convoque al ministro de Defensa, Javier Ponce, y al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Ernesto González. 

Correa aseguró a inicios de este mes que Inteligencia había detectado el denominado Plan Revancha para generar malestar en los uniformados, como ocurrió antes de la sublevación del 30 de septiembre del 2010 (30-S). 

Según el mandatario, políticos de oposición junto a militares en servicio pasivo “traidores que sirvieron a la CIA” (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y “alguno que otro oficial activo” buscan agitar los cuarteles para poner a la fuerza pública en contra del régimen.

La semana pasada el jefe del Comando Conjunto aseguró desconocer la existencia del plan y que toda la información se canaliza a través de la Secretaría de Inteligencia. 

El suboficial retirado Luis Nacevilla negó algún tipo de vinculación política con el bloque de Sociedad Patriótica. Aclaró que un grupo de militares acudió a Aguirre ante las constantes negativas del Gobierno a solucionar un pago retroactivo del 2008 y 2009 de la equiparación salarial en los grados de capitán, mayor, suboficial primero y suboficial mayor. 

“Queremos que se reconozca nuestros derechos y que se haga justicia. Nosotros no entendemos nada de esa situación de desestabilizar al Gobierno”. 

Nacevilla señaló que 4.777 uniformados, entre oficiales y voluntarios, activos y pasivos, que corresponden a las cuatro jerarquías, son los perjudicados por un error de cálculo en la aplicación de la equiparación salarial de los militares con el resto de servidores públicos.

El Gobierno en el 2010 admitió el inconveniente. El 4 de octubre de ese año, cuatro días después de la revuelta policial, el ministro de Defensa, Javier Ponce, y el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, anunciaron la suscripción de un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Laborales para “corregir” el error. 

El mismo día las autoridades aclararon que el incremento salarial para los cuatro grados será retroactivo desde enero del 2010.

Los uniformados exigen el retroactivo desde el 2008, cuando empezó el proceso de equiparación, y que según cálculos del Gobierno, representaría un egreso al fisco de $ 70 millones en los cuatro grados, tanto en Fuerzas Armadas y Policía. 

La semana pasada Galo Chiriboga aseguró que la Fiscalía ya inició una investigación “para saber qué movimientos que atenten a la democracia podrían estar ocurriendo”.

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